domingo, 31 de agosto de 2008

renacionalisacion del cobre.



1. De acuerdo a informes provenientes del Director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, el economista Hugo Fazio, y publicaciones económicas nacionales, los más altos resultados de utilidades por área entre enero y junio de 2008, son la minería (44,9 %); la industria de la electricidad (10,7 %); la empresa forestal (8,8 %); los bancos (7,3 %); los retails (4,2 %); y las telecomunicaciones (1,8 %).

En términos pormenorizados, el ranking es el siguiente: Minera Escondida (propiedad de la anglo-australiana BHP Billiton) con $ 2.050.138 billones de pesos en utilidades; Codelco (estatal) con $ 1.725.970 billón de pesos; Empresa Copec (Grupo Angelini) con $ 273.514 millones de pesos; Santander Chile (Santander Central Hispano) con $ 235.408 millones de pesos; Celarauco (Grupo Angelini) con $ 186.339 millones de pesos; Antar Chile (Grupo Angelini) con $ 163.186 millones de pesos; Quiñenco (Grupo Luksic) con $ 156.904 millones de pesos; Banco Santander Chile (Santander Central Hispano) con $ 156.095 millones de pesos; Enersis (Emel (Italia) - Acciona (España)) con $ 155.940 millones de pesos; Endesa (Emel (Italia) - Acciona (España)) con $ 135.261 millones de pesos; Banco de Chile (Grupo Luksic) con $ 122.083 millones de pesos; Inversiones CMPC (Grupo Matte) con $ 119.582 millones de pesos; Falabella (Grupo Solari-Del Río) con $ 110.195 millones de pesos; Empresas CMPC (Grupo Matte) con $ 110.195 millones de pesos; y SQM (Julio Ponce Lerou) con $ 100.210 millones de pesos.

Al respecto, Minera Escondida rentó sobre el patrimonio 163 % en cifras anualizadas; mientras en 2007 fue de 170,9 %.

Las utilidades del cobre se explican por la alta demanda china –que, por su gran dependencia mercantilista exportadora respecto del mercado norteamericano, de contraerse significativamente el consumo allí, podría repercutir negativamente en la compra de metal rojo chileno y, por tanto, disminuir su precio-. Las corporaciones eléctricas aumentaron su ubicación económica debido a una legislación altamente favorable, que permite una acelerada rentabilidad por las fuertes alzas tarifarias a cuenta del debilitado salario de las grandes mayorías. La industria de la celulosa, en cambió, sufrió un duro revés como efecto de los costos crecientes de producción (de hecho, aumentó sólo un 2,3 % en relación al mismo semestre del año anterior). Por otro lado, las AFP’s experimentaron una reducción de un 37 % comparativamente con el primer semestre de 2007. Las grandes empresas de comercio al detalle también disminuyeron sus utilidades; las de Falabella bajaron en un 6,1 % y las de Cencosud en 48,9 %; ello causado por la contracción de la demanda. En el otro extremo, el Administrador Financiero del Transantiago obtuvo una tasa sobre el patrimonio de 63 %, subsidio estatal mediante.

2. Los números enunciados expresan una alta concentración de la propiedad capitalista que más renta (ley de hierro bajo los gobiernos concertacionistas); la superdependencia respecto de las desventuras de la economía mundial; el impacto manifiesto del congelamiento de los salarios (en rigor, su baja, si se desagrega la inflación que ya supera el 10 %); y el aumento del desempleo en el último mes de un 8,4 %, fenómeno que paulatinamente va constituyendo una tendencia y cuya cifra debe ser superior si se consideran los criterios del Instituto Nacional de Estadísticas para medirlo (para el INE no importa que el empleo sea ocasional, precario, sin contrato, etc.). A lo anterior, vale añadir la política proveniente del Banco Central de aumentar las tasas de interés con el fin de destruir inflación a costa de la baja masiva de la demanda.

3. Estos fenómenos, en su conjunto, explican dos aspectos centrales de la actual etapa: por un lado, el descrédito creciente y mayoritario ante el sistema político y de partidos políticos dominantes; y un clima de opinión nacional revelado por las encuestas que plantea el retorno de la regulación estatal, al punto de que el Fisco debería ocuparse más que la empresa privada de dotar de empleo al conjunto social, y controlar áreas estratégicas de la economía. De este modo, un plebliscito, por ejemplo, arrojaría sorprendentes resultados que correrían en sentido contrario al consenso político-económico convenido por el bloque en el poder (Alianza por Chile y Concertación) respecto del tipo de patrón de acumulación dominante desde hace más de 30 años y asociado al manual de la ultra capitalista. Contradictoriamente, las encuestas castigan una y otra vez al gobierno de Bachelet –estabilizando el descontento mayoritario frente a las políticas del Ejecutivo- y benefician al candidato de la derecha histórica, el empresario Sebastián Piñera (en un complejo general que en un 50 % no se pronuncia por ninguna de las componendas políticas visibles, incluida la izquierda tradicional). Frente al cuadro es posible observar la activación de cierto sentido común, fundado en la tradición, que no necesariamente rima con los contenidos de la alienación diseñados por arriba para el control y la condescendencia social ante un modelo íntegramente antipopular. Si se siguen las encuestas –que no hay mucho más a qué echarle mano en un Chile profundamente antidemocrático y sin participación más que en el ámbito estrictamente privado y de consumo- los chilenos miran al Estado como un refugio seguro ante la incertidumbre de los primeros signos potentes de la desaceleración económica y una eventual crisis. De algún modo, la explotación, el mal empleo, e incluso la calidad de los servicios privados, paulatinamente desmontan la ilusión librecambista, la retórica vacía e imposible del “emprendimiento” privado como manera sustentable de resolver la economía familiar y social. A la hora de la mala evaluación, ¿Hay una relación entre el sistema de partidos políticos y el tipo de democracia oligárquica imperante, por un lado, y la desacreditación explícita de la hegemonía de la empresa privada como plataforma de la totalidad de las relaciones sociales y vitales? Absolutamente sí. Y la relación es por negación. Encuesta tras encuesta, la gente sostiene invariablemente que los políticos (los del poder, los que aparecen permanentemente en los medios de comunicación de masas) están ocupados en reyertas mezquinas, intereses particulares, asuntos irrelevantes, cuestiones disociadas de la cotidianidad dura del chileno de a pie. Y, en cambio, en el padecimiento concreto del ejercicio de las relaciones de poder fundadas en la lucha de clases en el lugar de trabajo, en la escuela-guardería, en la casa-opresión y TV, es donde efectivamente se vive lo auténtico, lo acuciante, lo que quita el sueño y oprime. Es el jefe la figura material y tangible que somete, resta tiempo libre, paga mal y castiga. Y del jefe al dueño hay una frontera difusa, una opacidad que se simplifica en un malestar, miedo e insatisfacción únicos. El poder desplegado sin báscula del dueño, sin contraparte en general, se asocia al fuero ilegítimo que provee la propiedad contra el trabajador. Entonces no resulta extraño confiar en un Estado de relaciones más compensadas, donde pareciera que no hubiera dueños, y donde todavía funciona el mito de la estabilidad laboral del trabajador y el tipo de relaciones humanas que emanan de un trabajo, popularmente, entendido no bajo presión, no contra el tiempo, no contra metas imposibles, no sin contrato, no sin carrera al interior de una industria de cualquier índole. Por abajo, primero sin palabras propias, apenas como una sensación punzante, pero luego como un malestar agregado, de muchas fases y alta frecuencia, salta la convicción de que contenidos ligados a cierta idea de igualdad y seguridad, más allá de la corrupción posible y real, tiene un campo con mayores expectativas de realización en un Estado que ofrezca garantías mínimas. Si los empresarios “hacen lo que quieren y viven en otro mundo”, y los políticos “están distraídos y sólo persiguen su beneficio”, el Estado, como construcción histórica de atributos míticos después de su desactivación económica y desmantelamiento ocurrido hace dos generaciones, aparece como solución plausible en el sentido común ante la inestabilidad que gobierna, la desazón generalizada, y la mala vida.

4. La lucha de los empeños anticapitalistas, en una de sus tareas sustantivas, debe aportar a la construcción de conciencia, a la desalienación de las clases subalternas, a la edificación de la convicción de poder y la confianza popular en las fuerzas propias en permanente autoformación. Más allá de ciertos relatos idealistas –muchas veces justificados por traumas históricos-, el socialismo se levantará transitoriamente sobre un Estado regulador, combinado con fuertes desplazamientos de poder auténtico a los trabajadores y el pueblo en organización estratégica, sobre relaciones multidimensionales radicalmente otras que las actuales, y en pugna contra tentaciones burocratizantes y totalizadoras (en el peor de sus sentidos). Será la hora de sintetizar la igualdad con la libertad, en un tramado de contradicciones internas, temperatura de las correlaciones de fuerzas regionales y mundiales, maduraciones subjetivas y materiales, y caminando hacia un tipo de sociedad sin explotados y explotadores.

Pero para ello queda un derrotero complejo, lleno de incertidumbres, no fatal; extraordinariamente volitivo, tanto como objetivo. El combate mestizo de construir fuerzas a través de la organización y la lucha pareciera tener tiempos incalendarizables. Y la flexibilidad táctica debe ser un atributo constitutivo de los empeños anticapitalistas. Si el campo de conciencia de las grandes mayorías –no transferibles mecánicamente a fuerza social transformadora- se inclina positivamente hacia la regulación estatal, ¿No comporta ello una oportunidad de politización en su sentido liberador? Es decir, si en cierto tiempo concreto la lucha contra el capital se expresa como destrucción potencial, en ciernes, palpitante, de un orden fundado en la propiedad privada de los medios de producción mediante la recuperación de derechos sociales anclados en el Estado, para potenciar su intervención –que hoy, ciertamente, atentaría contra los intereses del capital en su actual manera extremista de desenvolvimiento- con la condición insustituible de una alta participación social, ¿No debería propulsarse con contenidos de inspiración revolucionaria, como si fuera una palanca que pusiera a los trabajadores y al pueblo en franca contradicción con la dominación de la minoría? La estatización por sí sola, deidificada, como fetiche o punto crucial de llegada, convierte cualquier estrategia en el peor sueño y predice su bancarrota. Pero si se emplea como táctica que empuja, crea fuerzas, organiza y politiza liberadoramente, ¿No la convierte en demanda tangible, paso concreto y previo? De algún modo, para los empeños anticapitalistas, la lucha por volver propiedad social de administración estatal derechos y servicios hoy privatizados, al menos revelaría los límites de la ultra capitalista, acentuaría las contradicciones sociales, podría ser contenido táctico, y obraría como facilitador de la construcción necesaria de poder popular. Estas razones deberían, de algún modo, ser punto de un debate amplio, fraterno y unitario.

Andrés Figueroa Cornejo

Agosto de 2008

elcuidadano.cl

martes, 5 de agosto de 2008













http://www.patagoniasinrepresas.cl

lunes, 4 de agosto de 2008

ministerio de educacion privada?


Instalar colegios para niños de bajos recursos parece ser uno de los más lucrativos negocios del neoliberalismo chilensis, así parecen haberlo entendido algunos ex ministros del ramo, que luego de abandonar el edificio de Alameda, se han ido derecho a poner en práctica sus jugosas aptitudes educativas.

Hasta allí todo bien, cada quien invierte en lo que quiere, pero lo cuestionable es que por una parte tales negocios se hacen con platas del Estado y por otra, que el producto de esta mera transacción comercial es probadamente deficiente.

La ministra Jiménez hizo el recorrido a la inversa -aunque su hermano y socio en materias educativas, Jorge Jiménez, sí fue ministro de Aylwin pero en la cartera de salud- siendo Asistente Social y Académica, Mónica Jiménez, fundó junto a otros la Corporación Participa, dedicada según declara “a la promoción de valores democráticos” y de la cual fue directora ejecutiva y presidenta entre 1989 y 2006.

Esta institución tomó a su cargo el Liceo Polivalente de La Pintana, en la que se imparten diversas carreras técnicas y que según la propia Jiménez, aspira “a mejorar las oportunidades” para los jóvenes de la comuna preparándolos para ingresar al mundo del trabajo.

Más tarde en el 2001 y a partir de “Participa”, se crea una segunda corporación a la que denominan “Aprender”, que dos años después se hace también del Liceo Técnico Esteban Kemeny Hornas, ubicado en la popular población La Victoria, de Pedro Aguirre Cerda.

Mientras que su más reciente adquisición es el Centro Educacional Sagrado Corazón de Lo Espejo, con cursos de primero básico a cuarto medio y también cursos vespertinos. Además realizan “consultorías y servicios”.

Entre los “socios” de la actual Ministra en el negocio educacional se cuenta al ex ministro de Educación, Sergio Molina Silva, quien asume como presidente y es además Vice-presidente Banco del Desarrollo; Mariana Aylwin, también ex secretaria de Estado y los integrantes del directorio Jorge Cisternas Larenas, presidente de la Constructora Bío Bío y Mario Pavón Robinson, Gerente General de SONDA. Sí, la misma del Transantiago.

Lo sorprendente, es que a pesar de que a pocas semanas de nombrada impactó a la comunidad escolar culpando a los profesores por los bajos resultados del SIMCE, los resultados de mediciones académicas en los establecimientos dependientes de la Corporación “Aprender” y de cuyos proyectos educativos es responsable Jiménez (incluyendo la posibilidad de contratar a “buenos” o “malos” profesores) son tan alarmantemente deficientes como en el resto de los colegios particulares subvencionados y municipales hechos para niños pobres.

En el caso del cuarto básico del Polivalente de La Pintana, cuya formación ha estado desde kinder bajo la administración de esta corporación, no sólo está 13 puntos debajo del promedio nacional comparado con otros de su misma condición socioeconómica, sino además en vez de mejorar empeora año a año. (ver recuadro). Situación similar sucede en los otros colegios de la sostenedora.

En cuánto a la PSU, el promedio del puntaje obtenido por los pocos alumnos que rinden la prueba no les alcanza siquiera para postular a una universidad del consejo de rectores y demás está decir que el acceso a una universidad privada es imposible de soñar para un estudiante que proviene de un hogar de ingresos bajos o medios bajos, sectores que atiende la entidad sostenedora fundada y comandada por la actual ministra.

El vil dinero

La ministra de Educación, Mónica Jiménez, hace poco y en medio del acalorado debate en torno a la imposición de la LGE, pidió terminar con la discusión sobre el lucro en la enseñanza, porque "históricamente en Chile ha existido provisión mixta de educación", es decir privada, particular subvencionada y municipalizada.

"Es imposible que a una institución privada que se ha planteado prestar un servicio uno le diga que tiene que ser sin lucro", por lo que ese concepto "ni siquiera hay que discutirlo", fue la tajante opinión de la secretaria de Estado entregada a los medios de comunicación y seguramente detrás de tan categóricas afirmaciones hay argumentos de peso que ella conoce bien en su rol de sostenedora.

Jiménez de la Jara, integró en su calidad de Rectora de la Universidad Católica de Temuco el Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior (CAPESUP).

En esta instancia de “diálogo” los consejeros con mandato de estudiantes, profesores y académicos plantearon “inadecuado admitir la provisión con fines de lucro, en particular en los establecimientos que reciben algún tipo de financiamiento estatal, directo o indirecto”.

Según el informe final del CAPESUP: “sostienen estos miembros del Consejo, debe ser impartida por instituciones cuyo fin sea el desarrollo de un proyecto educativo en el que se reinviertan la totalidad de los excedentes que la labor educativa genere”. Pese a ello la entonces rectora prefirió sumarse a la opinión del bloque de los sostenedores y empresarios que validaba el lucro en la educación.

En el informe ello quedó redactado así: “ha de permitirse la existencia de entidades con fines de lucro y sin él. Estos Consejeros estiman que las prácticas comparadas muestran que ese diseño es posible y, bien regulado, puede ser beneficioso si se lo somete a mayores y mejores niveles de regulación de los hasta ahora existentes”.

Quienes se oponen al lucro, sostienen que los paupérrimos resultados de los establecimientos subvencionados para pobres, incluyendo a los administrados por la ministra demuestran que no es así y que por el contrario, cuando el aporte de los apoderados no es suficiente para sacar la “tajada” del sostenedor, ésta se arrebata raspando la olla de la ya insuficiente subvención en detrimento de la calidad.

El balance 2006 de la Corporación, que entonces tenía sólo dos colegios, impartiendo cursos básicos y medios, arroja ingresos por casi mil millones de pesos, de los cuales más de la mitad proviene del Estado, mientras que otra parte está compuesta por donaciones empresariales y una cifra cercana a 65 millones por el financiamiento compartido, o sea proviene de la mensualidad de los apoderados.

Llama la atención que con una cifra tan abultada de ingresos adicionales, sus resultados no sean superiores a los de escuelas municipales de las comunas en las que están insertos los establecimientos. Pero más aún llama la atención que entre las actividades del Centro de Padres y Apoderados, se consignen algunas para “la construcción de estantes para la implementación de salas temáticas y la compra de implementos deportivos”, necesidades que claramente deberían estar cubiertas por el sostenedor.

La vergüenza de la ministra

En visita a terreno, la Ministra de Educación Mónica Jiménez fue consultada por una periodista de Radio Nuevo Mundo, sobre el destino de los colegios que están en categoría C. Todo esto ha propósito del programa de televisión Informe Especial que develó el escandaloso negociado de los sostenedores a costa de la mala educación de los niños y jóvenes chilenos.

La consulta periodística dejó en vergüenza a la secretaria de Estado, que simplemente no supo de qué se le preguntaba. Éste es el dialogo entre la periodista y quien guía los destinos de la educación chilena.

-Ministra ¿Qué va a pasar con los más de 5 mil establecimientos que están en categoría C?

-Usted se refiere aaaaahh, se refiere ahhhhh, a la subvención escolar preferencial ¿ahhh a qué”?

- Ministra, se califica en categoría A, B o C a los establecimientos subvencionados según cumplen las normas que están establecidas en las leyes que debe regular el ministerio de Educación. Cuando es C, es porque tienen graves irregularidades y hoy en Chile existen más de 5 mil establecimientos que están en esa condición. ¿Qué pasará con estos establecimientos que están en esa condición?


- Bueno, eehhh, lo tenemos que trabajar, lo que estamos tratando de hacer son dos cosas. Planes de mejoramientos y sanciones. Es decir, muchas veces eeeehhhh, puede haber, muchas veces que irregularidades se produzcan por ignorancia, no por una mala dijéramos ehhhhhhhhh intención aaahh, entonces tiene que venir el apoyo para que ellos puedan perfeccionar, ahora si las personas reinciden en los errores dijéramos, después de haber recibido el apoyo, tienen que ser sancionados eeeehhh incluso tienen eeeehhh puede queeeee la nueva legislación establece que se cierran esos establecimientos y que entre o sea, entra un administrador provisorio que se hace cargo por un período de tiempo del establecimiento, porque eso habla ya (que) el administrador que existe no es un administrador, que tenga las competencias para realizarlo, eso está en la nueva legislación.


Por Dolores Cautivo / Sergio Reyes